A 32 años del golpe genocida, BASTA DE IMPUNIDAD

La marcha que se realizó al recordar los 32 años del golpe militar genocida dejó varios aspectos para el análisis. En el discurso se recordó “con dolor y con bronca” que Jorge Julio López sigue desaparecido hace 18 meses , se reivindicó las actuales luchas sociales de los trabajadores del Casino y del subte, y se exigió castigo para responsables políticos de los asesinatos de Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte.




Pero uno de los puntos más fuertes, donde las organizaciones de derechos humanos y de izquierda parece que se dejaron descansar, es en la exigencia de castigo a los criminales de la dictadura, discurso que parece haber copado el gobierno y que puede ser una de las principales razones que afectó el “presentismo” de manifestantes por fuera de estructuras partidarias, que fue en evidente detrimento con respecto a años anteriores.

Es que la idea de que desde el Estado se está juzgando a los culpables es una falacia. Como bien se dijo durante la lectura del documento, la presidente Cristina Fernández, “en su discurso del 1º de marzo en el Congreso, dijo que los represores que hay que juzgar son 992 y que se lo debe hacer en los próximos cinco años”.

¿Cinco años? ¿Es que la mujer de Kirchner planea un nuevo “Punto Final”? En todo caso, de llevarse a cabo los juicios, tardan una cantidad de años que al final los culpables mueren por vejez. Y en otros casos, van a prisión domiciliaria -una suerte de petit hotel- donde pueden ser aniquilados por sus propios ex camaradas de armas o “suicidados”, como Héctor Febrés y Paul Alberto Navone.


Además, el texto destacó: “La Presidenta miente: ella sabe que 992 es una cifra absurda para los 650 campos de concentración reconocidos oficialmente. El número real de los involucrados en el genocidio, aún sin contar a los cómplices civiles, es muchas veces mayor".

Pero eso significa hacer justicia con una minoría que ya no está en actividad. ¿Cuántos genocidas aún quedan trabajando para el Estado –que los necesita- en organismos que después sirven para reprimir a los trabajadores? ¿Y cuántos son los que enseñan esas prácticas a sus aprendices? En definitiva, juzgan a los viejos pero a los otros los necesitan. Y mientras tanto, desde los medios, se hace correr la versión de que son un Gobierno que hace respetar los Derechos Humanos.

Es hora de que el Gobierno entregue los archivos de la dictadura para todos los organismos que llevan adelante causas por violaciones a los derechos humanos. Que den la lista completa de represores. Que digan qué pasó con Julio López. Que juzguen a Sobisch por los crímenes de Fuentealba y Duarte. Juicio y castigo YA a los represodres de ayer y de hoy. Basta de estirar los tiempos. Basta de impunidad.




































Fotos y texto Mariano Greco