Por Myriam Bregman, abogada del CeProDH
Desde 1992, son garantes de la criminalización de la protesta social, que ya acarrea más de 5.000 procesados en el país; son la cúpula de un poder judicial lleno de cómplices de la dictadura, atacan a las víctimas del genocidio, están libres los asesinos del gatillo fácil… ¿y el gobierno no lo sabía? Kirchner, que ganó apoyos con el tema de Derechos Humanos, salió a buscar un culpable de todos los males y lo encontró: en la Cámara Nacional de Casación Penal, ubicada en Comodoro Py, en la Capital, que actúa como instancia de apelación en las causas contra los milicos de todo país. No es un "enemigo" menor. Y eso lo venimos denunciando desde el inicio de las "megacausas" que hoy se declaman como paralizadas, por varias razones:
• Los expedientes provenientes de esos procesos son remitidos a la Sala IV de Casación, porque es la que "tiene competencia en materia militar".
• El juez Bisordi, en una resolución llamó a Graciela Daleo ¨delincuente terrorista... miembro de la asociación ilícita Montoneros¨
• El juez Bisordi dijo que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Liberpueblo, CORREPI, entre otros, somos los ¨autodenominados organismos de Derechos Humanos¨ y que la denuncia penal por abuso de autoridad que efectuamos contra él ¨...constituye una verdadera payasada jurídica...¨. A partir de allí, el juez Bisordi se excusó de intervenir por ser "enemigo manifiesto" de los querellantes.
• En septiembre de 2004 (¡sí, hace más de 2 años!) decenas de organismos publicamos una solicitada en Página/12 denunciando esos hechos.
• El 22/11/04, realizamos la denuncia al Consejo de la Magistratura, acompañados por el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA, etc., y respaldada posteriormente por el Colegio de Abogados.
• El 30/05/05 tuvimos una entrevista con uno de los jueces que se reclaman "progres" de la Corte Suprema de la Nación y ya en aquel momento denunciamos el retardo de Casación.
• Además, se denunció que existían convenios entre Casación y la Armada para que el personal judicial usara el comedor y del gimnasio del Edificio Libertad, para que se "recrearan" entre los mismos marinos que supuestamente tenían que imputar en las causas 1.
• Y como si todo esto no alcanzara, en marzo del 2005 se los recusó porque iban a misa a la iglesia de la "Stella Maris", perteneciente al Obispado Castrense, a cargo del Monseñor Baseotto, el que propuso tirar al ministro Ginés González al mar.
¿Quién puede dudar que con todos estos antecedentes no iban a hacer lo posible por paralizar las causas por delitos de lesa humanidad? Actuaron en consecuencia. Cada incidente promovido por los genocidas tuvo su tratamiento especial, liberándolos cuando eso era lo que pedían o paralizándolos cuando se podía complicar su situación procesal. Una vez más, denunciamos todo esto, pero no podemos perder de vista que el gobierno quiere hacer una operación política sencilla: Casación sería el único responsable de que las causas no avancen. El sostén de la impunidad en la Argentina tiene motivos bastante más diversos que la centena de incidentes que tiene en sus manos ese reaccionario tribunal: el 95% de los genocidas está impune, los decretos de indulto vigentes, no hubo apertura de los archivos de la represión, 500 jóvenes apropiados, las causas son desguazadas día a día empantanando las investigaciones, y una lista enorme de hechos que se denunciaron este 24 de marzo por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, y no nos olvidemos: SOLO DOS CONDENADOS Y JULIO LOPEZ DESAPARECIDO.
Desde el CeProDH nos pronunciamos por la remoción de los jueces reaccionarios de Casación y de todos los cómplices de la dictadura. Y proponemos como medida democrática elemental la elección por sufragio universal de todos los jueces y fiscales y juicio por jurados.
1 Tanto es así que a un fiscal que pidió una medida contra unos marinos de la Esma, no le fue permitido ingresar al gimnasio.
jueves, 29 de marzo de 2007
El aparato judicial de la impunidad
jueves, 15 de marzo de 2007
Julio López está desaparecido porque el 95% de los genocidas sigue impune
Por Myriam Bregman, abogada de la querella en el juicio contra Etchecolatz e integrante del CeProDH
Desde la nulidad de las leyes de Obediencia debida y Punto Final en 2003, se produjo la apertura y reapertura de causas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Vamos a tomar números estimativos, pues las cifras varían día a día. De igual modo, se demuestra que la amplia mayoría de los genocidas sigue impune.
Los fríos números
El propio Estado argentino reconoció en un reciente informe, que se encuentra acreditado que funcionaron 494 Centros Clandestinos de Detención (CCD), y está en estudio el reconocimiento de algunos más. Cifra que, por supuesto, es mayor si consideramos que la mayoría de las comisarías del país cumplieron tal horrorosa función, siendo torturados allí miles de compañeros. A principios de 2006, los procesos abiertos eran 1.004. Son 30.000 los detenidos desaparecidos, y si se consideran datos que van surgiendo actualmente de las causas, ese número podría ser mayor.
Según un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (10/06), el número total de testigos que hay presentados asciende a 4.178. Pasados 3 años de anuladas las leyes de impunidad y poco menos de la resolución de la Corte Suprema declarándolas inconstitucionales (6/05), una ínfima cantidad de represores cuentan con condenas, y sólo 2 de ellos (los policías Miguel Etchecolatz y Julio Simón) fueron llevados a juicio oral y recibieron perpetua por sus crímenes. Tan inadmisible es esta situación que, con las sentencias recaídas en Italia este miércoles 14 contra represores de la ESMA, ¡hay más condenados a perpetua en ese país que en Argentina!Incluso, con más de 500 chicos apropiados, son relativamente pocas las condenas por los casos de apropiación de menores y supresión de identidad, delitos que no estaban alcanzados por las leyes de impunidad; están condenados por este motivo, por ejemplo, el médico Jorge Antonio Bergés y Miguel Etchecolatz, el ex suboficial naval Policarpo Vázquez por supresión de identidad de Evelyn, apropiada en la ESMA, el médico naval Jorge Luis Magnacco y Francisco Gómez y Teodora Jofré, los apropiadores de Rodolfo Pérez. Aproximadamente, hay 550 represores imputados, con situación procesal comprometida en estas causas y 256 detenidos, 70 de ellos, con detención domiciliaria.
Otros obtuvieron falta de mérito (aunque usted no lo crea…), o fueron declarados incapaces, como Emilio Massera. También hay una lista de 41 prófugos, 81 fallecidos y algún sobreseído. Es decir, que esa lista estimativa de 550 represores, disminuye también por estas razones. Asimismo, 10 fueron excarcelados porque se "vencieron" sus prisiones preventivas sin que se efectuase el juicio oral, es decir por retardo de la propia justicia. Esquemáticamente podríamos decir: Vemos con claridad que los importantes números de las primeras columnas, van disminuyendo a medida que nos acercamos a la concreción de los procesamientos y detenciones. Esto se produce, centralmente, porque a pesar de que en Causa 13 ("Juicio a las Juntas") y Causa 44 ("Camps")1, quedó demostrado el plan sistemático y el funcionamiento masivo de centros clandestinos de detención (CCD), no se han ordenado las detenciones de todos los que reportaron en esos centros.
Más bien, todo lo contrario. Cada detención se produce recién después que algún testigo reconoció al represor y de un largo proceso de instrucción por parte de los jueces de primera instancia. Muchos de estos procesamientos se encuentran apelados ante la Cámara de Casación Penal –cuestión que tomó notoriedad por estos días- que, al no resolver éstos y otros recursos interpuestos por los represores, impide el avance hacia el juicio oral de los mismos.
Los otros números
Está más que demostrado que la dictadura tuvo un plan sistemático criminal para liquidar a los mejores luchadores obreros, estudiantiles y de la izquierda. En la Bonaerense del Gral. Camps durante la dictadura había 35 mil efectivos, 40 mil en el ejército, 20 mil en la Armada y 15 mil en la Fuerza Aérea, además de miles en las policías provinciales, la Prefectura, la Gendarmería y los múltiples servicios de inteligencia, encargados de marcar la vivienda y los movimientos de los luchadores que luego eran secuestrados en verdaderas zonas liberadas por las "patotas".La inmensa mayoría de ellos está libre. Muchos en funciones. Sólo en la provincia de Buenos Aires, donde las comisarías funcionaron como CCD, hay 9.026 policías que actuaron en la dictadura en actividad, de los cuales 3.102 son de la época represiva más dura, del período 76/78. Si estos números los proyectamos a nivel país, a las demás policías, considerando que la bonaerense es una de las que más "purgas" sufrió, los porcentajes de los que aún están en funciones en el interior del país se amplían notoriamente. También debemos proyectar estos números a otras fuerzas como Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Por ejemplo, de esta última sólo hay imputados 11 de los que reportaron en sus filas (datos al 2006). O el personal civil de inteligencia que solo cuenta con 4 imputados en todo el país; es decir, la SIDE está intacta, más allá de alguna "purga" efectuada y el recambio propio de los años que pasaron.
López y la impunidad
Demostramos con estos datos cómo la mayor parte del aparato represivo que llevó a cabo el genocidio sigue completamente impune, y con esta política oficial de "derechos humanos" lo seguirá estando.
Hay que destacar que un altísimo porcentaje de los genocidas está en funciones en la misma fuerza, o se recicló en otras, como Gendarmería, situación evidenciada, por ejemplo, con las muertes de Teresa Rodríguez en 1997 a manos del Comandante Eduardo Jorge (que actuó en la dictadura en Tucumán bajo las órdenes de Bussi), o de Ojeda y Escobar en el puente de Corrientes bajo el gobierno de la Alianza UCR- Frepaso y la dirección de Ricardo Chiape (que actuó en los CCD de Campo de Mayo y La Perla). Otros tantos dirigen sus propias agencias de seguridad privada, en una suerte de tercerización de la represión que se dio en los ‘90. Así, el que dio la orden de asesinar a Gustavo Benedetto en diciembre de 2001, desde el interior del Banco HSBC, fue Jorge Varando que actuó en la dictadura en el Destacamento 103 de Inteligencia del Ejército y en 1989 fue responsable de la desaparición de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz en la represión de La Tablada. No nos debe sorprender, entonces, que a la primera condena importante en una de las causas por violaciones a los derechos humanos, como es la sentencia por genocidio que obtuvimos en La Plata contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jorge Julio López, uno de los principales testigos que identificó al mismo y que se constituyó como querellante en su contra, haya desaparecido.
Esta situación de las causas, no se contradice en absoluto con la política gubernamental. El gobierno, a la vez que en sus discursos habla sobre la lentitud de la justicia, cuestiona a través de diversos voceros la sentencia de genocidio, que permite que hasta el último represor vaya preso. Si hubo un genocidio desde el aparato del Estado, todos los miembros de las FF.AA. y de seguridad están sospechados de ser parte de ese plan, no pueden, por ende, seguir gozando de la libertad más absoluta, más allá de que un testigo los haya identificado o no. A la vez que se hace imprescindible que nos organicemos para autoprotegernos, debemos desarrollar la más amplia movilización para terminar con esta enorme impunidad que implica que, mientras los compañeros como Julio López identifican a los genocidas, éstos tiene las manos libres y con las mismas armas de antaño, para seguir garantizando, como sea, su impunidad.
1 En estas actuaciones se juzgaron delitos ocurridos en la Pcia. de Bs. As. por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Sobre las órdenes dictadas para llevar adelante el plan criminal, se estableció que éstas eran impartidas por el Comandante de la Zona I, y siguiendo la cadena de mandos, por el Jefe de Policía de la Pcia. y el Director Gral. de Investigaciones; y, concordantemente con lo que se había determinado en Causa 13, se afirmó que se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran como vinculados a la subversión, que se dispuso que a los capturados se los interrogara bajo tormentos, que se sometiera a los detenidos a regímenes de vida inhumanos, y que se concedió a los cuadros inferiores gran libertad para disponer el destino final de cada víctima (eliminación física, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o la libertad).
