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jueves, 5 de julio de 2007
jueves, 21 de junio de 2007
La hora de la justicia para los represores Bussi y Menéndez
Por Franco Reed
La justicia de Tucumán, mediante el juez federal Daniel Bejas, dictó prisión preventiva y embargos millonarios para los represores Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Albino Zimmerman y Luis Alberto Cattáneo por genocidio. Fueron procesados por el asesinato, tortura y desaparición de 65 personas, y el embargo es de $ 65 millones para Bussi y de $64 para los tres restantes.
Aunque Bussi y Menéndez están procesados en varias causas, es la primera vez que se les imputan el delito de genocidio, previsto en los tratados internacionales, suscriptos por la Argentina y que tienen rango constitucional desde 1994. Bejas imputó al ex gobernador de facto (1976 y 1977), a Menéndez y a Albino Zimmerman (ex jefe de la policía tucumana), de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas y asociación ilícita.
Sobre estos dos represores pesa media decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, dado que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez. Desde el 16 de marzo de 2006, Bussi cumple prisión preventiva en el ex arsenal y cada vez que, procedente de Córdoba, Menéndez viene a Tucumán a declarar en algunas de las 500 causas en las que está imputado (o procesado), también se aloja allí.
jueves, 14 de junio de 2007
COMIENZA EL JUICIO ORAL AL EX CAPELLAN DE LA POLICIA BONAERENSE CHRISTIAN VON WERNICH: UN GENOCIDA CON SOTANA
Por Myriam Bregman
Von Wernich, confesor del ex jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, está detenido desde septiembre de 2003, y hace poco más de un mes fue trasladado al penal de Marcos Paz. Fue visto en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría 5ta. de La Plata, la Brigada de Investigaciones de La Plata, “Puesto Vasco” (Bernal), el denominado COTI de Martínez y la Brigada de Investigaciones de Quilmes.
La fecha de inicio está planeada para los primeros días de julio. Está acusado por su participación en el llamado “circuito Camps” de centros clandestinos de detención, torturas y eliminación de personas desplegado desde las estructuras estatales durante la dictadura militar. El juicio es por 42 casos de privaciones ilegales de la libertad, 31 de torturas y también está acusado por 7 homicidios calificados. Entre esos casos, algunos muy renombrados, como el de Jacobo Timerman, Osvaldo Papaleo, integrantes del grupo Graiver, etc. También de muchos compañeros que pasaron por sus manos, como Carlos Zaidman, Luis Velasco y otros, que darán testimonio de su brutal actuación.
El Tribunal Oral Federal 2, en el que había recaído la causa, se declaró incompetente, dado que consideró que hay una conexión entre esta causa y la del represor Etchecolatz, por lo que pasó al Tribunal Oral 1, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo, quienes aceptaron la competencia y ahora están siendo recusados por la defensa de Von Wernich.
Un nuevo juicio, López desaparecido
Este nuevo juicio oral nos encuentra en una situación de suma gravedad. Este 18 de junio se cumplen 9 meses de que el querellante y testigo contra el genocida Etchecolatz, Julio López, se encuentra desaparecido. La impunidad reinante en la causa en la que se investiga su desaparición es un mensaje político que el gobierno da a estos grupos fascistas: en Argentina se puede secuestrar a un compañero y no pasa nada. Es por eso que siguen actuando y, nuevamente en la ciudad de La Plata, una ex detenida desaparecida fue secuestrada -y posteriormente liberada- en un operativo que lleva claramente el sello parapolicial.
Un cura al banquillo
Ningún periodista ha relacionado las llamativas declaraciones del cardenal Bergoglio de estos días, instando a “perdonar el pasado”, con el comienzo de este juicio. Si bien el que es traído a juicio es un cura que a su vez era funcionario policial por su calidad de capellán de la policía bonaerense, es evidente que saldrá a la luz el rol cómplice que tuvo la jerarquía eclesiástica con la dictadura. El colectivo de organismos con el cual participa el Ce.Pro.DH en este proceso, aportará pruebas en ese sentido1. Es necesario destacar, además, que nuevamente nos opusimos a que se desarrolle todo este proceso -con la cantidad de pruebas, testigos, tiempo que implica- por un solo represor. Exigimos que sea elevado a juicio conjuntamente con todo el centro clandestino “Puesto Vasco”, lo cual era posible de hacerse, pero otra vez se optó por este criterio de juzgar a un genocida, por unos pocos casos. Opinamos que este es un aporte más a la impunidad.
Es otro genocida
Sabemos que desde el gobierno se está operando fuertemente para que la acusación por genocidio que realizamos contra Echecolatz no se repita, para que no haya más sentencias que marquen lo que pasó en el país. Desde el Ce.Pro.DH insistimos: queremos que a Von Wernich se lo condene por genocidio, pues fue parte de ese plan sistemático; el ex capellán policial tenía la función, en el engranaje del aparato represivo, de acercarse a los secuestrados utilizando su calidad de sacerdote con miras a sacarles información, conducta que constituye el delito de torturas en su aspecto de tortura psicológica, además de haber participado de los homicidios y privaciones de la libertad. El juicio está por comenzar y estamos delineando las estrategias de acusación.
1 Los abogados que actuaremos en común somos: Verónica Bogliano (HIJOS La Plata), Luis Bonomi y Myriam Bregman (CEPRODH), Guadalupe Godoy (LIGA), Liliana Mazzea (FIDELA), Liliana Molinari (CODESEDH), Elea Peliche (AEDD) y Mariano Puente (Liberpueblo).
martes, 12 de junio de 2007
No a la "Ley Antiterrorista"
El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudia la media sanción que dio el Senado al Proyecto de Ley Antiterrorista, impulsado por el Poder Ejecutivo, defendido en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner y votado por todos los bloques salvo por el senador del Partido Socialista. Esta Ley, que responde a una exigencia de Estados Unidos, modifica el Código Penal pretendiendo calificar como terrorista a todo aquel que intente imponer sus reclamos al Gobierno y extiende enormemente las atribuciones represivas de las fuerzas policiales, de inteligencia interna, de jueces y fiscales.
Mientras tanto los verdaderos terroristas, entre ellos los captores de Julio López y los asesinos de Carlos Fuentealba, siguen impunes. Para exigir a los diputados que rechacen este proyecto convocamos a concentrarnos este miércoles 13 de junio a partir de las 15 hs en el Congreso.
REPUDIO A UN NUEVO SECUESTRO
Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes repudiamos el secuestro sufrido por Felisa Marilaf, sobreviviente del campo de concentración La Cacha, y esposa de un obrero gráfico secuestrado y desaparecido en 1977 por fuerzas represivas que respondían al entonces jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps. Felisa, que ya había sido amenazada, fue secuestrada el domingo 10 de junio, por la noche, en pleno centro de la ciudad de La Plata, por dos hombres armados que la encañonaron, la subieron en un Ford Scort color gris plomo, como primera medida le pidieron el aparato celular que le había entregado el Servicio de Atención a la Víctima -demostrando que sabían perfectamente que lo tenía- la amenazaron y agredieron durante casi dos horas, recordándole su paso por La Cacha.
No terminó allí la situación, porque una vez liberada, en el estado de conmoción natural por lo vivido, se comunicó con el Servicio de Atención a la Víctima para pedir ayuda. Sin embargo, fueron a buscarla dos agentes de la misma Policía Bonaerense que, además, la llevaron a hacer la denuncia ni más ni menos que a la Comisaría Quinta de La Plata, uno de los más conocidos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad de La Plata y pieza central del denominado Circuito Camps.
Este gravísimo hecho muestra nuevamente la impunidad con que se mueven los genocidas y sus cómplices, la inoperancia del Estado para ponerle fin, se enmarca en la desaparición de Julio López y en las decenas de amenazas, secuestros y agresiones que venimos sufriendo desde hace ya más de un año, y que denunciáramos en un extenso y detallado documento que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia entregó el día 22 de marzo de 2007 al Sr. Ministro del Interior Aníbal Fernández, sin recibir al día de hoy NINGUNA respuesta.
A solo semanas del inicio del juicio contra el cura represor Von Wernich, nos preocupa profundamente esta situación. Seguimos exigiendo al Gobierno Nacional la APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ, y lo hacemos responsable por la integridad física de todos los compañeros que intervienen en los juicios contra los genocidas.
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU) , Centro de Profesionales por los DDHH (CEPRODH), Comisión por los DDHH de Uruguayos en Argentina, Comisión por los Derechos Humanos de la ciudad de Trenque Lauquen, Comité de Acción Jurídica (CAJ), Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina, H.I.J.O.S. La Plata, Instituto de Relaciones Ecuménicas, Liberpueblo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Mesa de Escrache Popular La Plata, Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, Vecinos por la Memoria Olimpo-Orletti
Adhesiones:aedd@exdesaparecidos.org.a
jueves, 19 de abril de 2007
A 20 años del "Felices Pascuas" de Alfonsín
Por Franco Reed
Hoy, 19 de abril, se cumplen justo dos décadas de esas agitadas jornadas de aquella Semana Santa de 1987 -que algunos bautizaron como los "cuatro días que conmovieron a la Argentina"-, cuando los represores, torturadores y asesinos que algunos bautizaron como los "cuatro días que conmovieron a la Argentina"-, cuando los represores, torturadores y asesinos de la dictadura militar se pintaron la cara para lograr la impunidad de sus crímenes cometidos en ese período. Objetivo conseguido mediante la ley de "Obediencia Debida", otorgada y votada en el Congreso por el gobierno de Raúl Alfonsín y avalada por la mayoría de los políticos capitalistas y hasta el Partido Comunista en la llamada "Acta de coincidencia democrática", eufemismo firmado ese día en la Casa Rosada.
A comienzos de diciembre de 1986, el gobierno radical había logrado la sanción de la ley de "Punto Final", que ponía un plazo de 60 días para la presentación de causas por violaciones a los derechos humanos en los juzgados de todo el país. Pero la medida le resultó como un "boomerang", dada la avalancha de casos que se presentaron en los tribunales de todo el país. Así fue como el represor Ernesto Barreiro se negó el 15 de abril de ese año a presentarse a una citación en un juzgado de Córdoba, dando comienzo al "movimiento carapintada" que lanzó a la arena política al desconocido hasta entonces Aldo Rico, y que quería una "solución política" (lease amnistía) contra la búsqueda de justicia por parte de la mayoría de la población , y reinvindicar a su vez todo lo actuado en la dictadura militar del '76.
Al comienzo, Alfonsín convocó a la población a movilizarse y salir a la calle para tener un contrapeso en las negociaciones con los militares mientras intentaba restaurar la cadena de mandos (aunque él ya había planteado un esbozo de "obediencia debida" con los "niveles de responsabilidad" en la campaña electoral. Objetivo desdibujado luego del Juicio a las Juntas de 1985). La gente cantaba en la Plaza de Mayo, aludiendo a un posible intento de golpe de Estado: "Si se atreven les quemamos los cuarteles". Pero luego de cuatro tensos y movidos días, es conocido el desenlace: El 19 de abril de 1987 terminó la rebelión carapintada encabezada por Aldo Rico como respuesta al avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Una multitud había llenado la Plaza de Mayo para respaldar al gobierno. Raúl Alfonsín (junto a Antonio Cafiero, Oscar Alende e Italo Luder entre muchos otros) anunció el fin del alzamiento desde el balcón de la Casa Rosada. “Felices Pascuas. La casa está en orden”, dijo. Poco después, envió al Congreso la ley de "Obediencia Debida". Habían así salvado a sus F.F.A.A., el brazo armado de su Estado y garante del sistema capitalista. Pero pagarían un alto costo político.
Hoy, a 20 años, la lucha por el juicio y castigo vuelve a actualizarse y a estar siempre vigente, porque la casa nunca estuvo en orden.
lunes, 16 de abril de 2007
Acto y marcha por Julio López y Carlos Fuentealba
A 7 meses de la desaparición de Julio López y a 15 días del asesinato de Carlos Fuentealba, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca para este miércoles 18 DE ABRIL a las 17:30 hs. a un acto en Diagonal Norte y Maipú, con posterior marcha de antorchas hacia la Plaza de Mayo.
La consigna central de la convocatoria es: ¡BASTA de desapariciones, asesinatos y represión a los luchadores obreros y populares!
Más información:
Contactos de Prensa: AEDD: (011) 15-4430-3569 / LADH: (011) 15-5250-5043
viernes, 30 de marzo de 2007
Reclamo de trabajadores e hijos de desaparecidos
Por Prensa de Frente
La complicidad empresarial en la dictadura sigue impune
Por segundo año consecutivo, el acto y la marcha fueron organizados por la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, conformada por sobrevivientes del “Campito” (uno de los tres centros de detención), hijos nacidos en maternidades clandestinas, militantes de derechos humanos y un conjunto de organizaciones sindicales y de movimientos sociales de la zona norte del Gran Bs. As., privilegiando la unidad en la acción ante las diferencias ideológicas de las víctimas de las fuerzas armadas. Leer completo, opinar
jueves, 29 de marzo de 2007
El aparato judicial de la impunidad
Por Myriam Bregman, abogada del CeProDH
Desde 1992, son garantes de la criminalización de la protesta social, que ya acarrea más de 5.000 procesados en el país; son la cúpula de un poder judicial lleno de cómplices de la dictadura, atacan a las víctimas del genocidio, están libres los asesinos del gatillo fácil… ¿y el gobierno no lo sabía? Kirchner, que ganó apoyos con el tema de Derechos Humanos, salió a buscar un culpable de todos los males y lo encontró: en la Cámara Nacional de Casación Penal, ubicada en Comodoro Py, en la Capital, que actúa como instancia de apelación en las causas contra los milicos de todo país. No es un "enemigo" menor. Y eso lo venimos denunciando desde el inicio de las "megacausas" que hoy se declaman como paralizadas, por varias razones:
• Los expedientes provenientes de esos procesos son remitidos a la Sala IV de Casación, porque es la que "tiene competencia en materia militar".
• El juez Bisordi, en una resolución llamó a Graciela Daleo ¨delincuente terrorista... miembro de la asociación ilícita Montoneros¨
• El juez Bisordi dijo que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Liberpueblo, CORREPI, entre otros, somos los ¨autodenominados organismos de Derechos Humanos¨ y que la denuncia penal por abuso de autoridad que efectuamos contra él ¨...constituye una verdadera payasada jurídica...¨. A partir de allí, el juez Bisordi se excusó de intervenir por ser "enemigo manifiesto" de los querellantes.
• En septiembre de 2004 (¡sí, hace más de 2 años!) decenas de organismos publicamos una solicitada en Página/12 denunciando esos hechos.
• El 22/11/04, realizamos la denuncia al Consejo de la Magistratura, acompañados por el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA, etc., y respaldada posteriormente por el Colegio de Abogados.
• El 30/05/05 tuvimos una entrevista con uno de los jueces que se reclaman "progres" de la Corte Suprema de la Nación y ya en aquel momento denunciamos el retardo de Casación.
• Además, se denunció que existían convenios entre Casación y la Armada para que el personal judicial usara el comedor y del gimnasio del Edificio Libertad, para que se "recrearan" entre los mismos marinos que supuestamente tenían que imputar en las causas 1.
• Y como si todo esto no alcanzara, en marzo del 2005 se los recusó porque iban a misa a la iglesia de la "Stella Maris", perteneciente al Obispado Castrense, a cargo del Monseñor Baseotto, el que propuso tirar al ministro Ginés González al mar.
¿Quién puede dudar que con todos estos antecedentes no iban a hacer lo posible por paralizar las causas por delitos de lesa humanidad? Actuaron en consecuencia. Cada incidente promovido por los genocidas tuvo su tratamiento especial, liberándolos cuando eso era lo que pedían o paralizándolos cuando se podía complicar su situación procesal. Una vez más, denunciamos todo esto, pero no podemos perder de vista que el gobierno quiere hacer una operación política sencilla: Casación sería el único responsable de que las causas no avancen. El sostén de la impunidad en la Argentina tiene motivos bastante más diversos que la centena de incidentes que tiene en sus manos ese reaccionario tribunal: el 95% de los genocidas está impune, los decretos de indulto vigentes, no hubo apertura de los archivos de la represión, 500 jóvenes apropiados, las causas son desguazadas día a día empantanando las investigaciones, y una lista enorme de hechos que se denunciaron este 24 de marzo por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, y no nos olvidemos: SOLO DOS CONDENADOS Y JULIO LOPEZ DESAPARECIDO.
Desde el CeProDH nos pronunciamos por la remoción de los jueces reaccionarios de Casación y de todos los cómplices de la dictadura. Y proponemos como medida democrática elemental la elección por sufragio universal de todos los jueces y fiscales y juicio por jurados.
1 Tanto es así que a un fiscal que pidió una medida contra unos marinos de la Esma, no le fue permitido ingresar al gimnasio.
jueves, 15 de marzo de 2007
Julio López está desaparecido porque el 95% de los genocidas sigue impune
Por Myriam Bregman, abogada de la querella en el juicio contra Etchecolatz e integrante del CeProDH
Desde la nulidad de las leyes de Obediencia debida y Punto Final en 2003, se produjo la apertura y reapertura de causas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Vamos a tomar números estimativos, pues las cifras varían día a día. De igual modo, se demuestra que la amplia mayoría de los genocidas sigue impune.
Los fríos números
El propio Estado argentino reconoció en un reciente informe, que se encuentra acreditado que funcionaron 494 Centros Clandestinos de Detención (CCD), y está en estudio el reconocimiento de algunos más. Cifra que, por supuesto, es mayor si consideramos que la mayoría de las comisarías del país cumplieron tal horrorosa función, siendo torturados allí miles de compañeros. A principios de 2006, los procesos abiertos eran 1.004. Son 30.000 los detenidos desaparecidos, y si se consideran datos que van surgiendo actualmente de las causas, ese número podría ser mayor.
Según un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (10/06), el número total de testigos que hay presentados asciende a 4.178. Pasados 3 años de anuladas las leyes de impunidad y poco menos de la resolución de la Corte Suprema declarándolas inconstitucionales (6/05), una ínfima cantidad de represores cuentan con condenas, y sólo 2 de ellos (los policías Miguel Etchecolatz y Julio Simón) fueron llevados a juicio oral y recibieron perpetua por sus crímenes. Tan inadmisible es esta situación que, con las sentencias recaídas en Italia este miércoles 14 contra represores de la ESMA, ¡hay más condenados a perpetua en ese país que en Argentina!Incluso, con más de 500 chicos apropiados, son relativamente pocas las condenas por los casos de apropiación de menores y supresión de identidad, delitos que no estaban alcanzados por las leyes de impunidad; están condenados por este motivo, por ejemplo, el médico Jorge Antonio Bergés y Miguel Etchecolatz, el ex suboficial naval Policarpo Vázquez por supresión de identidad de Evelyn, apropiada en la ESMA, el médico naval Jorge Luis Magnacco y Francisco Gómez y Teodora Jofré, los apropiadores de Rodolfo Pérez. Aproximadamente, hay 550 represores imputados, con situación procesal comprometida en estas causas y 256 detenidos, 70 de ellos, con detención domiciliaria.
Otros obtuvieron falta de mérito (aunque usted no lo crea…), o fueron declarados incapaces, como Emilio Massera. También hay una lista de 41 prófugos, 81 fallecidos y algún sobreseído. Es decir, que esa lista estimativa de 550 represores, disminuye también por estas razones. Asimismo, 10 fueron excarcelados porque se "vencieron" sus prisiones preventivas sin que se efectuase el juicio oral, es decir por retardo de la propia justicia. Esquemáticamente podríamos decir: Vemos con claridad que los importantes números de las primeras columnas, van disminuyendo a medida que nos acercamos a la concreción de los procesamientos y detenciones. Esto se produce, centralmente, porque a pesar de que en Causa 13 ("Juicio a las Juntas") y Causa 44 ("Camps")1, quedó demostrado el plan sistemático y el funcionamiento masivo de centros clandestinos de detención (CCD), no se han ordenado las detenciones de todos los que reportaron en esos centros.
Más bien, todo lo contrario. Cada detención se produce recién después que algún testigo reconoció al represor y de un largo proceso de instrucción por parte de los jueces de primera instancia. Muchos de estos procesamientos se encuentran apelados ante la Cámara de Casación Penal –cuestión que tomó notoriedad por estos días- que, al no resolver éstos y otros recursos interpuestos por los represores, impide el avance hacia el juicio oral de los mismos.
Los otros números
Está más que demostrado que la dictadura tuvo un plan sistemático criminal para liquidar a los mejores luchadores obreros, estudiantiles y de la izquierda. En la Bonaerense del Gral. Camps durante la dictadura había 35 mil efectivos, 40 mil en el ejército, 20 mil en la Armada y 15 mil en la Fuerza Aérea, además de miles en las policías provinciales, la Prefectura, la Gendarmería y los múltiples servicios de inteligencia, encargados de marcar la vivienda y los movimientos de los luchadores que luego eran secuestrados en verdaderas zonas liberadas por las "patotas".La inmensa mayoría de ellos está libre. Muchos en funciones. Sólo en la provincia de Buenos Aires, donde las comisarías funcionaron como CCD, hay 9.026 policías que actuaron en la dictadura en actividad, de los cuales 3.102 son de la época represiva más dura, del período 76/78. Si estos números los proyectamos a nivel país, a las demás policías, considerando que la bonaerense es una de las que más "purgas" sufrió, los porcentajes de los que aún están en funciones en el interior del país se amplían notoriamente. También debemos proyectar estos números a otras fuerzas como Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Por ejemplo, de esta última sólo hay imputados 11 de los que reportaron en sus filas (datos al 2006). O el personal civil de inteligencia que solo cuenta con 4 imputados en todo el país; es decir, la SIDE está intacta, más allá de alguna "purga" efectuada y el recambio propio de los años que pasaron.
López y la impunidad
Demostramos con estos datos cómo la mayor parte del aparato represivo que llevó a cabo el genocidio sigue completamente impune, y con esta política oficial de "derechos humanos" lo seguirá estando.
Hay que destacar que un altísimo porcentaje de los genocidas está en funciones en la misma fuerza, o se recicló en otras, como Gendarmería, situación evidenciada, por ejemplo, con las muertes de Teresa Rodríguez en 1997 a manos del Comandante Eduardo Jorge (que actuó en la dictadura en Tucumán bajo las órdenes de Bussi), o de Ojeda y Escobar en el puente de Corrientes bajo el gobierno de la Alianza UCR- Frepaso y la dirección de Ricardo Chiape (que actuó en los CCD de Campo de Mayo y La Perla). Otros tantos dirigen sus propias agencias de seguridad privada, en una suerte de tercerización de la represión que se dio en los ‘90. Así, el que dio la orden de asesinar a Gustavo Benedetto en diciembre de 2001, desde el interior del Banco HSBC, fue Jorge Varando que actuó en la dictadura en el Destacamento 103 de Inteligencia del Ejército y en 1989 fue responsable de la desaparición de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz en la represión de La Tablada. No nos debe sorprender, entonces, que a la primera condena importante en una de las causas por violaciones a los derechos humanos, como es la sentencia por genocidio que obtuvimos en La Plata contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jorge Julio López, uno de los principales testigos que identificó al mismo y que se constituyó como querellante en su contra, haya desaparecido.
Esta situación de las causas, no se contradice en absoluto con la política gubernamental. El gobierno, a la vez que en sus discursos habla sobre la lentitud de la justicia, cuestiona a través de diversos voceros la sentencia de genocidio, que permite que hasta el último represor vaya preso. Si hubo un genocidio desde el aparato del Estado, todos los miembros de las FF.AA. y de seguridad están sospechados de ser parte de ese plan, no pueden, por ende, seguir gozando de la libertad más absoluta, más allá de que un testigo los haya identificado o no. A la vez que se hace imprescindible que nos organicemos para autoprotegernos, debemos desarrollar la más amplia movilización para terminar con esta enorme impunidad que implica que, mientras los compañeros como Julio López identifican a los genocidas, éstos tiene las manos libres y con las mismas armas de antaño, para seguir garantizando, como sea, su impunidad.
1 En estas actuaciones se juzgaron delitos ocurridos en la Pcia. de Bs. As. por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Sobre las órdenes dictadas para llevar adelante el plan criminal, se estableció que éstas eran impartidas por el Comandante de la Zona I, y siguiendo la cadena de mandos, por el Jefe de Policía de la Pcia. y el Director Gral. de Investigaciones; y, concordantemente con lo que se había determinado en Causa 13, se afirmó que se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran como vinculados a la subversión, que se dispuso que a los capturados se los interrogara bajo tormentos, que se sometiera a los detenidos a regímenes de vida inhumanos, y que se concedió a los cuadros inferiores gran libertad para disponer el destino final de cada víctima (eliminación física, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o la libertad).
jueves, 22 de febrero de 2007
Se amplia la querella en la causa Triple A
Por Franco Reed
El Partido Obrero se presentó ayer como nuevo querellante en la causa por los crímenes de la Triple A. Los dirigentes Jorge Altamira, Marcelo Ramal y Pablo Rieznik documentaron ante el juez federal Norberto Oyarbide los casos de Jorge Fischer, Miguel Angel Bufano y Héctor Noriega, militantes de la ex Política Obrera, antecesora del PO. También pidieron ser parte de la querella representantes del Partido de la Liberación (PL) -ex Vanguardia Comunista en los años '70-, por los asesinatos de los militantes de esa organización, Raúl Kossoy y Ana María Estevao, que fueron asesinados por la Triple A cuando alentaban la lucha contra los planes económicos del gobierno de Isabel Perón, y la resistencia contra el golpe de Estado en ciernes.
Presentación por Julio López ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Por Milton Dumas
Según reseña el diario Clarín de hoy, 22 de febrero de 2006, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó en Washington en la CIDH un reclamo por la desaparición de Jorge Julio López. También va a plantear que los represores se presenten a los futuros juicios.
La desaparición del albañil Jorge Julio López, testigo clave en el juicio que condenó al represor Miguel Etchecolatz, hace más de cinco meses, empieza a repercutir más allá de las fronteras. Su caso será analizado el próximo 6 de marzo en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El ámbito no fue elegido por casualidad. En 1992, la CIDH fue el primer organismo internacional que se manifestó contra las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Las había definido como "incompatibles" con la Convención Americana por los Derechos Humanos, a la que adhirió Argentina.
Ese informe, junto a otros antecedentes, sirvió como fundamento del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales ambas leyes y abrió el camino para retomar los juicios a los represores de la dictadura. Uno de ellos, fue el proceso contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, en el que López brindó un testimonio fundamental antes de ser secuestrado y desaparecido. Ahora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió una audiencia y planteará la desaparición del albañil ante el organismo continental.
"Necesitamos el apoyo de la CIDH en este momento crítico", dijo el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier. Y agregó, "uno de los grandes problemas actuales es la desestabilización de los juicios a través de las amenazas y agresiones a testigos, fiscales, abogados y víctimas. Y el caso de López es emblemático".La CIDH ya había solicitado de oficio información al Estado argentino sobre las acciones que llevaba adelante para encontrar al albañil secuestrado y desaparecido de su casa de Los Hornos, en la provincia de Buenos Aires.
CARTA DE LOS PRESOS DE LAS HERAS
Las Heras-Santa Cruz
08/02/07
A la comunidad en general .Tenemos el agrado de llegar ante ustedes para expresar por medio de la siguiente carta el dolor que nos causa estar privados de nuestra libertad.
Hoy por hoy nos sentimos más defraudados de la justicia y el poder político que gobiernan nuestro país, ya que por conflictos que existen entre ambos y la sociedad, hemos resultado víctimas de este hecho, por lo cual perdimos un año de nuestras vidas, un año que jamás vamos a recuperar.
El tiempo pasó y aún esperamos que la justicia actúe, ansiamos el momento de volver con nuestras amadas familias porque tras estas rejas y estos muros hemos vivido un año muy difícil. Para nosotros el tiempo casi no ha pasado, pero al ver a la familia cuando recibimos la visita, uno se da cuenta que el tiempo pasó allá afuera. La familia ha cambiado, nuestros hijos están grandes, es un momento maravilloso pero triste a la vez por que hemos perdido parte de nuestras vidas ,a pesar de todo, ésto ha unido nuestros lazos familiares y son éstos quienes nos dan fuerzas y nos apoyan en los momentos difíciles, ya que hay momentos que uno desea bajar los brazos, de modo que la familia , al saber que somos inocentes, no nos permite caer.
Quisiéramos que la justicia actúe como debe ser, somos presos políticos y de un primer momento se sabía que somos totalmente inocentes, así y todo ordenaron detenernos. Ninguno se resistió a ese arresto pero fuimos humillados, insultados y golpeados producto del maltrato que nos dio la policía, de los cuales no se ha dicho nada, están procesados pero afuera y siguen ejerciendo sus funciones. En la causa hay mucha gente de la cual la mayoría esta procesado afuera y solo siete continuamos detenidos, hay que aclarar que nos tiene encerrados para que no se diga que la justicia no ha hecho nada, pero a lo largo de este tiempo no se ha podido encontrar algo que nos incrimine, así y todo hemos sufrido el rechazo a nuestro pedido de excarcelación por parte del juzgado de Pico Truncado a cargo de la jueza Graciela Ruata de Leone, ésta que estando nosotros en huelga de hambre dijo: “no importarle si no comemos”, ésta que el día 24 de febrero de 2006 nos privo de la libertad sin tener pruebas contundentes para habernos quitado un año de nuestras vidas.
Queremos que el pueblo de Las Heras se una en reclamo por la liberación de los presos políticos y que nunca más vuelva a suceder ésto, ya que aquellos que resulten victimas, y que Dios no lo permita, le va a tocar vivir esta triste y horrible situación.
Desde ya y esperando que se haga justicia queremos recalcar que somos inocentes y que a pesar de lo alejado que estamos de nuestros hogares, a pesar de las rejas y los muros, podemos dormir tranquilos. Sabemos que hay muchos que no lo pueden hacer, esperamos que la gente pueda colaborar con este desesperado reclamo de justicia.
Liberación a siete presos políticos.
Firman:
Bilbao, Juan Pablo
Catrihuala, Darío
Cortés, Ramón
Gonzáles ,Hugo
Padilla, Franco
Pérez, Alexis
martes, 20 de febrero de 2007
Los duelos de la memoria y las memorias de la rebeldía
¿Dónde vive la memoria? ¿Quién la muere? ¿Por qué nos duele? ¿Hasta cuándo el duelo? ¿Qué recuerda la memoria? ¿Cuánto olvida? ¿Quién la enciende? ¿Quién la apaga? ¿Cuánta memoria marcha un 24 de marzo? ¿Cuánta memoria se va de ferias? ¿Cuánta se levanta un monumento? ¿Cuánta memoria se vuelve mercancía? ¿Cuánta se disuelve en los despachos del poder? 30 años transcurrieron desde el golpe de estado que estableció en Argentina la dictadura militar más feroz de nuestra historia, y una de las más salvajes de nuestro continente. El terrorismo de Estado, con su dimensión militar y civil, con su trama de dominación y de complicidades, fue el modelo elegido por el capitalismo para remodelar su hegemonía.
Si éste se estableció en nuestras tierras sobre la base del genocidio de la población originaria y de los pueblos afrodescendientes traídos como esclavos; si después fue necesaria una nueva “Conquista del Desierto", para sentar las bases de la “modernización” realizada por la generación del 80; los artífices de esta última dictadura, herederos muchos de ellos de aquella oligarquía “fundadora de la Nación", volvieron a recurrir al genocidio, para aplacar toda resistencia. Llamaron “Proceso de Reorganización Nacional", a lo que fue un nuevo momento de recolonización cultural, sostenido en una contrarrevolucion preventiva, cuyos datos sobresalientes volvieron a ser el exterminio, la impunidad, el racismo, el crimen organizado.
El golpe de estado en Argentina, fue parte de la política imperialista para América Latina, que tuvo como instrumento contrainsurgente el “Plan Cóndor". Se trataba de detener el proceso de ascenso de los movimientos revolucionarios que alentados por la revolución cubana y por otros hechos significativos del contexto internacional –triunfo sobre el fascismo, revolución china, mayo del 68, Vietnam-, desparramaban por América Latina la certeza de que el cambio no sólo era necesario, sino que también era posible.
La máquina de matar se puso en marcha para aplastar toda insurgencia. Se trataba no sólo de liquidar al pez, sino de dejarlo sin agua. Por eso el indiscriminado asesinato de hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niñas y niños. Por eso los mecanismos del terror: la desaparición forzada de personas, los campos de concentración, la maquinaria de delaciones organizada para romper toda solidaridad. Por eso la guerra cultural, promoviendo el “sálvese quien pueda", y “el silencio es salud"; con la complicidad de periodistas que aún hoy infectan los medios de comunicación. Por eso el aliento a la traición, a la ruptura de los lazos de solidaridad, y la inoculación de la desconfianza.
El paso siguiente era la impunidad, basada en la desmemoria.
Pasaron treinta años. Vale la pena sacar algunas cuentas. La dictadura logró su cometido en varios sentidos: la desarticulación de las organizaciones revolucionarias de aquel momento, del sindicalismo de liberación, de las ligas agrarias, de un movimiento estudiantil combativo, del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, del movimiento villero, y de numerosos movimientos populares que fueron diezmados, y desestructurados.
La pérdida más grande e imposible de nombrar sin sentir escalofríos: la ausencia de una generación de hombres y mujeres revolucionarios, generosos, dispuestos a cambiarse a sí mismos para cambiar al mundo, empeñados en la creación del “hombre nuevo” –ellos no se imaginaban la posibilidad de “la nueva mujer"-.
Y como consecuencia también de esta historia, la deserción de muchos sobrevivientes de aquella generación, que adaptaron la idea de “tomar el poder", a la de “acercarse al poder"; y cuando se acercaron, se quedaron gustosos. Ahora desde el poder, tratan a los que resisten de “inadaptados" , “duros", “inmaduros", versiones diversas del “imberbes” de otros tiempos, y no vacilan en cercar la plaza cuantas veces se sienten amenazados.
La dictadura militar, fue la condición para que se estableciera en el país el capitalismo privatizador, “neoliberal", que destruyó la soberanía nacional, devastó los bienes de la naturaleza, extranjerizó la economía, destruyó identidades clasistas y populares, multiplicó el posibilismo, como justificación ideológica del “no se puede".
Ellos lograron bastante. Pero no nos derrotaron.
La derrota significa, en términos políticos, destruir la voluntad de resistencia. Y allí, es donde no pueden con nosotros Allí, precisamente allí, es donde se encuentra el valor de la terca, mágica, y rebelde memoria. La memoria nos permite recordar que no hubo lugar del país, en el que no existieran gestos luminosos de resistencia. Aún en las regiones más oscuras y sórdidas, en los campos de concentración, tenemos manos tendidas, gente destrozada por la tortura que no entrega a sus compañeros, hombres y mujeres que callan hasta olvidar, información que atraviesa las zonas de la “no existencia", denuncias que se filtran hasta comenzar a hacerse oír. Aún en los lugares más duros, como las cárceles, hemos escuchado relatos de inmensa dignidad, de mujeres que desafiaban la condena al mundo monocolor, tejiendo telares con hilos de colores ingresados clandestinamente, de hombres que aprendían a leer y a escribir, para comunicarse con el mundo.
Aún en el lugar más insondable de la subjetividad, la de una madre que ve desaparecer a su hijo o hija en un cono de sombras, encontramos la fuerza que transforma el pañal en pañuelo y la quietud en marcha, que vuelve público lo privado socializando la maternidad, y alimentando la rebeldía. Aún en esos “años de alambradas culturales", como los llamó Julio Cortázar, hubo quien escribió, quien dijo su palabra, quien hizo su poema, quien cantó su canción, quien actuó a Teatro Abierto.
Hubo dignidad en la resistencia, coraje, amor, e incluso alegría. No es cierto que sea triste la lucha. Triste es cuando nos cansamos de luchar.
La resistencia engendró una memoria implacable y fértil. Hijos que escrachan a los genocidas. Jóvenes que miran a los ojos a sus abuelas, y desgarrándose el alma les dicen: “aquí estoy, soy el nieto que buscabas". Ex detenidos desaparecidos que no se refugian en la historia, sino que se empoderan de la memoria para luchar por los derechos humanos de ayer y de hoy.
La memoria fértil tiene muchos colores, nombres, rostros.
Una no sabe si llorar o reír cuando ve marchar la memoria por las calles, y descubre tras cada cartel, a un amigo, a una compañera, a un ser querido que desapareció pero allí está, sin embargo, junto a nuestra caminata.
En estos días una siente que ellos te empujan, que te hablan al oído. Que te invitan a desempañar los vidrios de la melancolía, y a enarbolar los sueños de siempre. Los que sueñan los pueblos originarios: tierra y libertad. Los 30.000 sueños segados de la superficie de nuestra utopía, que resistieron clandestinamente como raíces, como semillas, esperando el momento de florecer.
¿Para qué sirve la memoria? Para identificar a los enemigos de siempre. Para escracharlos en sus cuevas. Para que nadie se confunda. Para que cada cual sepa que ellos no actuaron solos. Que hay una cadena de complicidades, que abrieron las puertas de la impunidad. Sirve la memoria cuando no se vuelve complaciente. Cuando no se calla. Cuando no se rinde. Cuando no se olvida. Cuando enciende nuevas rebeldías.
Duele la memoria. Duele, porque obliga.
Claudia Korol
miércoles, 7 de febrero de 2007
Nuevos querellantes en la causa Triple A
Presentación por el asesinato de César Robles Urquiza, dirigente del PST
Buenos Aires, 7 de febrero de 2007.- Con el patrocino del CeProDH, integrante del espacio Justicia Ya!, este jueves 8 de febrero se presentará una nueva querellante en la causa que lleva el juez Norberto Oyarbide por los crímenes de la “Triple A”, ello en el marco de las numerosas presentaciones que se están realizando. Andrea Robles, reclamará por el asesinato de su padre, Cesar Robles Urquiza, dirigente del PST (Partido Socialista de los Trabajadores), realizado el 3 de noviembre de 1974 por la organización “Alianza Anticomunista Argentina”. El cuerpo de César Robles fue encontrado con 20 impactos de bala en la zona de Primera Junta de la Capital Federal. La representación legal estará a cargo de Myriam Bregman, una de las abogadas que actuó en el juicio contra el genocida Etchecolatz. Andrea Robles, quien es actualmente dirigente del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), acompañará la presentación con diversas pruebas documentales referidas al hecho.
En el escrito presentado afirman: “Como se demostrará a través de las pruebas a producirse en autos, las personas involucradas en los hechos criminales narrados deben ser procesadas por los delitos de lesa humanidad que constituyeron el accionar de la organización aquí investigada, entre ellos Miguel Ángel Rovira y Felipe Romeo, y todos aquellos que han sido reconocidos como miembros de la “Triple A” pasibles de tener responsabilidad penal en el hecho y hayan podido estar entre los autores materiales y/o intelectuales. Asimismo, se debe solicitar la extradición y atribuirse responsabilidad penal por los hechos descriptos a María Estela Martínez de Perón y Rodolfo Eduardo Almirón Sena.
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
(CeProDH)
lunes, 5 de febrero de 2007
A 32 años del Operativo Independencia
PRIMERAS JORNADAS DE MEMORIA Y REPUDIO AL OPERATIVO INDEPENDENCIA
7 al 9 de Febrero de 2007
Famaillá - TUCUMÁN
Con motivo de cumplirse los 32 años del Operativo Independencia se realizarán las Primeras Jornadas de Memoria y Repudio al Operativo Independencia del 7 al 9 de febrero en la ciudad de Famaillá.
Las Jornadas se iniciarán con talleres de reflexión sobre el genocidio el 7 y 8 de febrero en la escuela de comercio Ricardo Rojas y concluirán con una marcha el 9 de febrero hasta el ex Centro Clandestino de Detención “Escuelita de Famaillá”.
La actividad está organizado por el Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán, con el apoyo de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
El Operativo Independencia se inició durante el gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón con el Decreto Secreto Nº261 del 5 de febrero de 1975 que ordenaba al ejército “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. El decreto fue firmado por la presidente en acuerdo general de ministros.
Tropas del Ejército, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Provincial ocuparon militarmente el territorio de Tucumán al mando del general Acdel Vilas primero y el general Antonio Domingo Bussi después.
El Operativo Independencia inauguró el proceso genocida en la Argentina con la instauración de prácticas generalizadas de secuestros, desapariciones forzadas de personas, apropiaciones de niños y la creación de campos de concentración donde se torturaron y asesinaron a cientos de personas.
El Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán es un equipo independiente de trabajo interdisciplinario que realiza una investigación en la localidad de Famaillá sobre las características y consecuencias que tuvo el genocidio que se desarrollo durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar. Como parte de la reconstrucció n de aquello que el genocidio intentó borrar de la memoria colectiva, trabaja también con la reconstrucció n histórica de la lucha del pueblo, sus protagonistas y sus modos de organización.
Contactos:
0381 155150642
Pedro Benedit 011- 1566472207
Margarita Cruz 011- 1554038823
proyectotucuman@ yahoo.com. ar
jueves, 1 de febrero de 2007
Se empiezan a frenar los juicios, ¿los represores morirán de viejos pero impunes?
Una información publicada ayer da cuenta de que en la provincia de Córdoba los juicios a los represores de la última dictadura (a pesar de la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y de toda la demagogía oficial) y de los recién planteados hacía los responsables de la versión local de la Triple A, el Comando Libertadores de América (CdeA) están totalmente paralizados.
Rubén Arroyo, ex integrante de la Conadep, y abogado de familiares de detenidos desaparecidos declaró que "ante la evidente paralización de las causas sobre el terrorismo de Estado, que los propios funcionarios admiten, es inocultable que no habrá juicios orales en el corto plazo, y a este paso, nunca. Es un eufemismo hablar de mora ante la renuencia de los responsables de impulsar acciones penales en las causas más resonantes".
Esta situación refuerza la idea de que el gobierno de Néstor Kirchner hizo derogar las leyes que protegían judicialmente a los criminales para evitar las extradiciones a España, Francia e Italia. En un acuerdo con la cúpula de las FF.AA., a partir de ese momento se iba a entrar -lo estamos viendo- en una maraña judicial que durará muchos años. Para ese entonces la mayoría de los acusados habrá muerto o estará cerca de ello, como Pinochet. Quedarán entonces impunes y sin castigo.
La lucha por el juicio y castigo a los represores continúa vigente.
Milton Dumas
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